Comunicado: No cambiamos carbón por agua

APOYAMOS LA RESISTENCIA Y LUCHA POR EL AGUA EN SOCHA

“No queremos más minería en la región.
El único acuerdo que aceptamos como comunidad es el cierre total de la mina.
No cambiamos carbón por agua”.

Lina Arismendi

Así se expresa nuestra compañera Lina Arismendi, representante legal del acueducto el Soler y vocera del Colectivo Resistencia y Lucha por el Agua del sector El Alizal. La Tierra del sol y clara Luna, Socha, está en resistencia activa y pacifica contra la mina y en defensa del páramo de Pisba, en defensa del agua, la vida y el territorio. Y nosotras, las organizaciones de la red de acueductos comunitarios de Boyacá y de la Red nacional de Acueductos Comunitarios de Colombia nos solidarizamos con ella.

Una lucha que lleva más de 20 años, cuando la empresa carbones andinos llegó a la región a empezar la exploración y explotación de carbón. La Compañera Lina Arizmendi relata que “En el año 2006 la agencia nacional de minería les dio título minero, en 2009 CORPOBOYACÁ les dio licencia ambiental, desde este primer momento la comunidad del sector Alizal, empezó a manifestarse por medio de derechos de petición y oficios a las diferentes entidades. En 2014 se instaura una acción popular, siendo el actor popular la defensoría del pueblo, en 2017 el tribunal administrativo de Boyacá falló a favor de la comunidad, suspendiendo la actividad minera, la empresa apeló a segunda instancia y en 2019 el Consejo de Estado ratificó a favor de la comunidad, aunque ordena a la empresa que podía reactivar labores, siempre y cuando se hiciera una modificación a la licencia dentro de los 4 meses siguientes a que quede en firme el acto administrativo que delimite el páramo de Pisba (la solicitud de modificación se había aceptado en 2019 cuando el consejo de Estado fallo), en el año 2022 la corporación por medio de una resolución modifica la licencia. La empresa, envía la solicitud de levantamiento de la medida de suspensión al tribunal administrativo y el 13 de agosto de 2024 el tribunal levanta la medida de suspensión. En noviembre la comunidad recibe la invitación a una reunión por parte de la empresa que posee el título minero FGD-141 Carbones El Alizal, que antes se llamaba Carbones Andinos para el reinicio de actividades.

Y en ese momento empieza la manifestación el 14 de enero al día de hoy, pues el fallo del tribunal de Boyacá y su aplicación por El alcalde Óscar Antonio Hurtado, son ilegales, no respetan el requisito de delimitación del Páramo y obran arbitrariamente. El 8 de mayo a las 5.30 de la mañana, sin aviso, sin tiempo para reaccionar irrumpen para romper nuestro campamento instalado por la comunidad en resistencia desde el 14 de enero de este año, cuando 60 personas iniciamos un paro para no dejar que la empresa minera empiece sus labores.

Al momento de su llegada tratamos de encadenarnos, el mayor de la policía da la orden que nos levantemos por nuestra propia voluntad, la defensoría del pueblo también decía que nos levantáramos o si no la fuerza pública procedería. Nosotras nos sentamos en la via terciaria y después nos devolvimos, yo me senté y en ese momento me cogieron, me esposaron, a mi esposo y a mi padre también y lo maltrataron, por la posición de sus pies dentro del camión. Al mismo tiempo los trabajadores de la empresa Carbones de El Alizal comenzaron a dañar las carpas y a tomar la loza, la planta de energía solar, la estufa, nuestros enseres que no estaban en predios de la empresa sino de otro particular que nos había autorizado establecer allí el campamento de la resistencia. La policía ni la defensoría hicieron nada ante esta agresión. A un compañero de más de 80 años los trabajadores de la empresa empujaron y cayó a un potrero y la policía no hacía nada en su favor. Cuando llegamos al pueblo comencé a gritar: ¡así tratan las personas que defendemos el agua!! y le dije a la policía y a la defensoría que defendían los intereses de la empresa minera, y nos los de la comunidad y no defendían el páramo. Que nosotras defendíamos el agua que todo el pueblo toma. Estuvimos incomunicados más de dos horas, nos quitaron los celulares. Nos entraron a los calabozos. Fui la última en ser liberada y querían que firmara tres comparendos que yo no quise firmar. Me querían devolver al calabozo, me resistí y les dije que entonces nos tenían que devolver a todos. Nos vinimos para acá para arriba para la casa, como a las 4 pm, a cambiarnos y bañarnos para ir a la sesión del concejo municipal y como a las 6.30, nos llamaron que estaban rompiendo el campamento en el que sólo estaban 4 compañeras, estaba el cambuche en un predio que no era de la empresa; le planteamos al concejo que nos acompañaran al sitio y dijeron que esperáramos que llamáramos al personero, solo dos concejales respaldan claramente el movimiento. Las compañeras y compañeros del colectivo nos subimos a la vía esperando la camioneta de la empresa, la policía la iba custodiando, el UDMO: Unidad de Dialogo y mantenimiento del orden, organismo de la Policía nacional que reemplazo al ESMAD. Si esta gente va a ser daño al bien ajeno ¿por qué los custodian? No nos recibieron la denuncia ni en la policía ni en la fiscalía. En la fiscalía decían que íbamos a poner una denuncia por una libra de arroz. Nos quedamos hasta la 10 de la noche…Nos devolvieron los enseres de la resistencia, cosas rotas, la carpa, nos robaron una lampara, una cadena, otras cosas las botaron a la quebrada.

Esta lucha por la defensa del Páramo de Pisba, por la defensa del agua, la vida y el territorio, continua.

El próximo 17 de mayo se ha convocado una audiencia pública con la participación congresistas y agencias del estado, ministerios e instituciones del ministerio público, el Colectivo Resistencia y Lucha por el Agua del sector El Alizal, la alcaldía y el consejo municipal y la empresa.

Respaldamos la manifestación pacífica y las acciones jurídicas que impulsa la comunidad organizada.
Exigimos el cese a la estigmatización y criminalización de la resistencia pacífica y organizada.
Exigimos respeto a la integridad de las personas y el respeto a las comunidades organizadas en ejercicio de sus derechos evitando el uso de la fuerza, la represión judicial y militar.
Defendemos la gestión comunitaria del agua.

Defender el agua la vida y el territorio, no es un delito, es un deber, es un compromiso con nuestras comunidades, es un compromiso con el agua y la vida.

La Red Nacional de acueductos comunitarios de Colombia: