Respeto a la Gestión Comunitaria del Agua
La Red Nacional de Acueductos Comunitarios de Colombia expresa su solidaridad con la comunidad del Acueducto Comunitario de Playa Rica, ubicado en el municipio de Villavicencio, Meta, y exige el respeto pleno a las garantías constitucionales de sus dirigentes y trabajadores/as y, en consecuencia, su libertad inmediata.
El día 27 de febrero de 2026, aproximadamente a la 1:45 p.m., mientras la organización comunitaria realizaba labores de reposición de un tramo de aproximadamente 200 metros de tubería, acción necesaria para garantizar el derecho humano al agua de 40 familias que se encontraban sin el servicio, hicieron presencia en el lugar miembros de la Policía Ambiental y un funcionario de Cormacarena, quienes los señalaron de la comisión de un delito ambiental.
La intervención comunitaria consistía en el reemplazo de un tramo que se encontraba taponado. Para ello, se optó por una instalación elevada mediante pilotes, utilizando el mismo camino comunitario que desde hace más de 30 años sirve como vía peatonal y por el cual históricamente ha pasado la tubería anterior, instalada de manera subterránea.
Según la información suministrada por la comunidad, sin garantizar plenamente el debido proceso, fueron retenidos el presidente del acueducto, Diego Fernando Oyola Castillo; la administradora, Ana Yiviney Ávila Matías; y dos fontaneros de la organización. Actualmente se encuentran en la URI del 7 de Agosto.
La comunidad de Playa Rica se ha movilizado de manera pacífica, al considerar que las labores adelantadas tenían como único propósito restablecer el derecho humano al agua de las familias afectadas. Resulta especialmente preocupante que una organización que históricamente ha denunciado afectaciones ambientales en su territorio y ha conservado el hábitat del agua, condición esencial para la vida, sea tratada de esta manera por un gobierno que debería respaldar y reconocer su labor, en lugar de estigmatizarla.
Esta actuación envía un mensaje preocupante: las denuncias ambientales realizadas por las comunidades no reciben respuesta efectiva, mientras que se actúa con celeridad para judicializar a quienes trabajan por garantizar el derecho humano al agua. Además, se utiliza el derecho penal para perseguir y constreñir el ejercicio pleno de derechos por parte de la comunidad y vulnera derechos fundamentales de las personas detenidas como es el derecho a la libre locomoción, derecho que goza de protección incluso en Estados de excepción, y vulnera el principio de la ultima ratio el cual establece que, el Derecho Penal debe ser el último recurso del Estado para proteger bienes jurídicos.
Se hace un llamado urgente a la Procuraduría General de la Nación, a la Defensoría del Pueblo, al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, y a la Personería Municipal de Villavicencio por la grave vulneración de derechos fundamentales. Además, exigimos:
- La libertad inmediata de nuestros compañeros y compañeras.
- El respeto pleno al debido proceso.
- La instalación urgente de una mesa de diálogo con participación de la comunidad y acompañamiento de organismos de control.
- El reconocimiento y la protección de la gestión comunitaria del agua como aliada en la defensa ambiental y no como objeto de criminalización.
La defensa del agua no puede ser motivo de persecución.
La gestión comunitaria no es delito.
Red Nacional de Acueductos Comunitarios de Colombia.
