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El agua está en el campo y la estamos autogestionando

Comunicado
15 de agosto de 2019

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Cuando recibimos la invitación para hacer presencia en este  Congreso Nacional “Agua al Campo” organizado por el Viceministerio de Agua potable y saneamiento básico, dudamos en asistir. El nombre asignado al evento era un indicio fuerte de que seguíamos siendo invisibles: ¿Agua al Campo? Es que acaso ¿de dónde viene el agua?, ¿están reconociendo que se la han llevado y prometen traerla de vuelta?, ¿pretenden ser ellos quienes le den el agua al campo?, ¿pretenden dar el agua a las campesinas o a los campesinos que siempre han autogestionado colectivamente su acceso a ella?

Si ya nos hubieran escuchado tal vez sabrían que el agua es del campo, del bosque, del páramo, de los valles y de los ríos; no de las plantas de tratamiento ni de las demás mega infraestructuras de control y distribución con las que algunos, incluso el Estado, se sienten sus dueños. Si durante estos años nos hubieran escuchado, tal vez sabrían que desde el campo no les pedimos que traigan su agua, sus redes, sus políticas y sus negocios al campo, sino todo lo contrario: que se las lleven y dejen de amenazar nuestra agua, nuestros vínculos comunitarios, nuestras tradiciones y nuestra autonomía.

El objetivo anunciado para este Congreso era el de “socializar los avances en materia normativa, regulatoria y de política pública en el sector de agua y saneamiento rural”, pero acaso ¿no creen que si esas normas han avanzado somos nosotras quienes deberíamos hablar sobre sus impactos?, ¿nos invitan a escucharles hablar de lo que nuestros acueductos, nuestros cuerpos y nuestras cuencas están testimoniando? Antes y después de sus palabras, aunque quienes nos convocan no lo vean, hemos estado siempre nosotras, las organizaciones comunitarias.Somos quienes conocemos los territorios, las cuencas a las que pertenecemos y las necesidades que tenemos, pero en la visión gobernante quedamos encerradas en diagnósticos que no nos representan y en planeaciones que no nos alivian.

Nos preocupa la intención del gobierno por volver la mirada al campo “para no dejar a nadie atrás” como dice la publicidad del evento. No estamos atrás, contamos con una experiencia que por generaciones ha demostrado ser adecuada y poderosa para permitirnos vivir como consideramos valioso vivir, como comunidades que dialogan entre sí y con sus entornos. Nuestra realidad es que cada que el gobierno u otros poderes nos voltean a mirar, nos desconocen, nos descalifican y nos despojan. No estamos atrás, en cambio sí sentimos lejana y atrasada una normatividad que en lugar de comprender la complejidad de la gestión comunitaria del agua, busca asimilarla a las dinámicas de ciudad.

Nos preocupa la intención del gobierno por volver la mirada al campo “para no dejar a nadie atrás” como dice la publicidad del evento. No estamos atrás, contamos con una experiencia que por generaciones ha demostrado ser adecuada y poderosa para permitirnos vivir como consideramos valioso vivir, como comunidades que dialogan entre sí y con sus entornos

Tal vez nos dirán que no debemos hablar en estos términos porque hay decretos con “tratamientos diferenciales” para nosotras. Basta leer entre líneas las regulaciones y políticas para comprender que la autogestión comunitaria del agua no es una prioridad del Estado. Al contrario, es vista como un obstáculo, y por eso se ha ocupado de fortalecer los mecanismos de vigilancia y control para verificar su progresiva transición a formas acordes a la lógica del crecimiento económico.

Aparentemente nos permiten existir, pero al tiempo nos imponen estándares propios de prestadores empresariales: requerimientos que resultan asfixiantes para organizaciones comunitarias. El enfoque diferencial es usado para establecer una categorización que nos reduce, según la infraestructura, a simples soluciones alternativas transitorias como reza el decreto 1898 de 2016.

Aparentemente nos dejan existir, pero tenemos que lidiar con los requerimientos en materia tarifaria que se le exigen a organizaciones con ánimo de lucro (Resoluciones 825 de 2017 y 844 de 2018 de la CRA). Existimos pero nos imponen respetar el apoyo decidido que el Estado le da al sector corporativo y extractivista, en detrimento de la autogestión comunitaria del agua (CONPES 3810). También debemos sobrellevar que nos impongan los mismos requisitos que a los privados en materia de concesión de aguas, y que la vigilancia y control en cabeza de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, parta de los estándares tecnológicos del tratamiento del agua y de ciertas calidades del agua que pueden cumplir más fácilmente actores empresariales (Decreto 1575 de 2007, Resolución Conjunta 2115 de 2007 y la Circular 74 de 2008).

Es un marco regulatorio que además nos impide que utilicemos tecnologías apropiadas y alternativas de tratamiento de agua hasta que no se compruebe que los métodos convencionales no son viables. Esto se empeora con el impulso decidido a la privatización de la gestión del agua dado en los Planes Nacionales de Desarrollo y en los Planes Departamentales de Agua. Entre otras, existimos a pesar de todas estas restricciones.

Ustedes, el Estado y el empresariado, fallan en reconocer que somos diferentes, que nos motivan la comunidad y la vida, no el dinero, y que en últimas somos guardianes de los territorios y los bienes comunes, porque es autogestionando que dimensionamos la interdependencia radical que hay en los ecosistemas: si no cuidamos el agua nos terminamos dañando a nosotros mismos y a otras formas de vida.

¿Agua al campo?, ¿una nueva promesa pese al poco compromiso que ustedes han mostrado con la ruralidad? La respuesta primero aparece con el flaco compromiso del Gobierno frente a la implementación de los Acuerdos de La Habana, en los que el primer punto hablaba de una Reforma Rural Integral que dignificara el campo. Segundo aparece el hecho de que este Gobierno ni siquiera haya firmado la Declaración de los Derechos Campesinos promulgada por Naciones Unidas en 2018, ¿cómo quieren adelantar iniciativas de “Agua al campo” si ni siquiera suscribieron uno de los compromisos internacionales más protectores de la dignidad campesina? Y es bueno traer a colación esta norma, porque en ella se establece la obligación de los Estados de remover obstáculos normativos y administrativos (como los que hemos descrito) que impidan el funcionamiento de organizaciones campesinas, y se establece un apoyo decidido a la participación campesina en asuntos que puedan afectarle, especialmente en la gestión de los bienes comunes.

(…) este Gobierno ni siquiera haya firmado la Declaración de los Derechos Campesinos promulgada por Naciones Unidas en 2018, ¿cómo quieren adelantar iniciativas de “Agua al campo” si ni siquiera suscribieron uno de los compromisos internacionales más protectores de la dignidad campesina?

Decidimos asistir a este evento. Nuevamente llegamos con las propuestas que durante años hemos abanderado en nuestros territorios. Como Red Nacional de Acueductos Comunitarios, una organización que reúne cientos de acueductos comunitarios, rurales y urbano-populares del país, nos oponemos a todo tipo de acuerdos que intenten aceitar la maquinaria privatizadora inmersa en las políticas gubernamentales. Pero no nos oponemos desde el vacío. Lo hacemos desde la exigencia de respeto a lo que somos, como alternativa real, viva y poderosa para garantizar dignidad, paz y bienestar. Le apostamos a que se reconozcan nuestras particularidades y se nos dé un trato regulatorio acorde a nuestra naturaleza comunitaria, porque somos comunidades que se autogarantizan un derecho. Hemos procedido con la formulación de un marco regulatorio genérico, nuestra “ley propia”, acorde a nuestra naturaleza, pero aún no hay claridades en el panorama político para que se vuelva ley de la república.

En atención a estas luchas y demandas no podemos aceptar pactos que alimenten una política privatizadora y empresarizadora. Si hemos de aceptar pactos serán aquellos que fortalezcan nuestras autonomías, territorios y formas de vivir y autogestionar. Pero estos pactos no se avizoran con el marco regulatorio y político que ustedes defienden. No firmamos lo indefendible, y nos sostenemos en nuestro caminar paciente, consciente y decidido.

RED NACIONAL DE ACUEDUCTOS COMUNITARIOS DE COLOMBIA

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