Cómo construimos el decreto 960 de 2025
«Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 274 de la Ley 2294 de 2023 y se subroga el Título 8 de la Parte 3 del Libro 2 del Decreto 1077 de 2015 en lo relacionado con la Gestión Comunitaria del Agua y el saneamiento Básico».
En el proceso político electoral que se adelantaba en 2022 hicimos una síntesis de nuestra propuesta de reconocimiento a la Gestión Comunitaria del Agua instituyéndolo como un mandato popular contenido en el proyecto de la ley propia. Cuando el gobierno del cambio convoca a la formulación del plan nacional de desarrollo, la Red Nacional presenta una serie de Propuestas estratégicas con cuatro objetivos: a) Reconocer la gestión comunitaria del agua que realizan las comunidades – des organizadas en las áreas rurales y periurbanas. b) Reconocer la gestión ambiental de los acueductos comunitarios a través del manejo y gestión de las cuencas hidrográficas y los ecosistemas esenciales al ciclo hídrico. c) fortalecer la capacidad de los acueductos comunitarios para proveer agua a sus asociados. d) Adoptar un modelo regulatorio y de control adecuado para la gestión comunitaria del agua.
Con nuestra activa y propositiva participación en los encuentros comunitarios regionales logramos que en la ley del Plan Nacional de desarrollo, (PND – Ley 2294 de 2023), en su artículo 274 incluyera el mandato de constituir una política pública para la gestión comunitaria del agua.
En un intenso proceso de construcción colectiva se formuló esta política teniendo como centro la Mesa de la Gestión Comunitaria del Agua, espacio de concertación existente desde el 2019 entre el Viceministerio de Agua y saneamiento básico y las comunidades organizadas articuladas en plataformas nacionales: la Red Nacional de Acueductos Comunitarios de Colombia y la Confederación Colombiana de organizaciones comunitarias del agua COCSASCOL. La mesa cuenta con la presencia de las universidades comprometidas con la tarea de investigación y asesoría a los gestores comunitarios, Grupo de investigaciones para el desarrollo rural Tull, facultad de ciencias agrarias de la Universidad del Cauca, la Facultad derecho, ciencias políticas y sociales y el Grupo de investigación de Derechos Colectivos y ambientales de la Universidad Nacional de Colombia, GIDH, Centro de pensamiento en cultura, territorio y gestión, Universidad Nacional sede Manizales. En reuniones de la Mesa, talleres, encuestas, mesas técnicas con la institucionalidad del sector, se logra este significativo avance en la construcción de un marco jurídico para los gestores comunitarios del agua y el saneamiento básico.
El reto es darle materialidad a esta política exigiendo su aplicación y trabajando en la reglamentación que implica.
¿Por qué es importante?
El Decreto 0960 de 2025 es un paso histórico para el reconocimiento de la gestión comunitaria del agua en Colombia. Estos son sus aportes más relevantes:
- Reconocimiento legal y político: establece un marco jurídico propio para los gestores comunitarios del agua y el saneamiento básico, separándolos de las lógicas empresariales y afirmando su naturaleza solidaria y comunitaria.
- Derecho humano al agua: reafirma que el acceso al agua potable y al saneamiento básico es un derecho humano fundamental, en coherencia con la Constitución y los tratados internacionales.
- Principios de justicia ambiental: define el agua como bien común y eje estructurante del territorio, vinculando la gestión comunitaria con la sostenibilidad, la participación y la adaptación al cambio climático.
- Participación incidente: crea la Mesa Nacional de Gestión Comunitaria del Agua y el Saneamiento Básico como espacio de diálogo y decisión conjunta entre comunidades y Estado, con capacidad real de incidencia en políticas y programas.
- Fortalecimiento y fomento: incorpora mecanismos como el subsidio comunitario, tarifas diferenciales, asociaciones público-populares, estrategias de capacitación y un “Ministerio Ambulante” que llevará la oferta institucional a los territorios.
- Trato diferencial: establece reglas especiales de inspección, vigilancia y control acordes con la realidad de las comunidades, garantizando condiciones justas y adaptadas a sus capacidades y contextos.
