La Red Nacional como proceso de articulación de organizaciones gestoras comunitarias del agua y de organizaciones ambientalistas de diferentes regiones de Colombia, es una organización con una trayectoria histórica de más de 15 años recorriendo los caminos de la gestión comunitaria del agua. En este proceso hemos contado con el apoyo de universidades como Univalle, Unicauca y Javeriana, en los cuales nos hemos mantenido juntas a la luz del reconocimiento del agua como un bien común, que permite la vida para los ecosistemas y los seres humanos de manera individual y colectiva. Como fruto de este recorrido, hemos construido colectivamente la propuesta de Ley Propia por el derecho a la autogestión comunitaria del agua.

Hace dos años, en el 1er Congreso de Agua al Campo, le dijimos al gobierno nacional y a su plan nacional de “Pactos”, que el agua está en el campo y está siendo cuidada y manejada de manera solidaria por las comunidades indígenas, afrocolombianas, campesinas y urbano populares en barrios y bordes de ciudades. Allí se conformó la Mesa de Interlocución de Gestión Comunitaria del Agua, que, desde nuestra evaluación, ha sido insuficiente. No se han logrado avances significativos y en las interlocuciones con la DIAN, las Cámaras de Comercio y la Superintendencia de Servicios Públicos, no ha sido posible llegar a unos acuerdos debido a la resistencia de dichas entidades a reconocer la necesidad de un tratamiento diferencial que ubique por encima de los intereses económicos, la permanencia y fortalecimiento de comunidades que defienden y garantizan el derecho al agua en sus territorios, desde sus tres dimensiones: el derecho humano al agua, el derecho colectivo al agua y el derecho a la gestión comunitaria del agua. Además, el gobierno y sus instituciones han sido tan sordos, que el Congreso vuelve a llamarse “Agua al Campo”.

A la fecha, se tiene un modelo de esquema diferencial que muestra nuevamente que la norma es desconocedora de nuestro territorio, lo cual evidencia que nos escuchan a medias, no han comprendido que la diversidad de nuestra gestión comunitaria del agua va más allá del número de familias que representa nuestra asociatividad, más allá del esquema técnico operativo de nuestros sistemas, requerimos un esquema diferencial porque es diferente nuestra visión sobre la vida y el agua.

Ejemplo, la Resolución 622/2020 está evaluando sistemas de tratamiento de agua potable a los cuales no hemos tenido acceso, no porque soñemos en pequeño como nos suelen decir en los talleres de socialización de normativa, sino porque con sus requisitos inalcanzables se vuelve casi imposible contar con infraestructura y equipos. Algunos de estos sistemas de potabilización no se adaptan a la realidad de los usos del agua rural y además los recursos que se deberían emplear en inversión real y estructural para el mejoramiento de la calidad del agua, se  dispersan en medidas asistencialistas, de corto plazo, como los subsidios a la demanda. Otro ejemplo es el modelo de vigilancia y control. Podemos comprender que se requiera seguimiento a los procesos, sin embargo éste debe ser adecuado a la naturaleza comunitaria de nuestras organizaciones; nuestro problema es que se nos impone un esquema de vigilancia diseñado para empresas prestadoras de servicios, necesitamos un acompañamiento integral que nos fortalezca, que no nos rompa ni nos privatice.

Queremos hacer un comparativo de lo que hasta ahora es la visión de Prestadores de Servicios Públicos frente a la de Organizaciones Gestoras Comunitarias del Agua, que nos permita identificar las diferencias más fuertes que presentan ambos enfoques, con una invitación clara a los y las compañeras de los acueductos comunitarios a reconocerse como parte de la gestión comunitaria del agua y reconocer la necesidad de su articulación para una real transformación de nuestras condiciones.

Necesitamos unirnos y fortalecernos a todos los niveles, si nos movilizamos tendremos nuestra Ley Propia, no bastan pactos de papel, cuando decimos gestión comunitaria del agua sus oídos sordos escuchan bajo recaudo o debilidad técnica operativa. Con todas nuestras críticas estamos aquí porque necesitamos que nuestras organizaciones hermanas se unan a la movilización nutriendo con sus experiencias los argumentos de lucha y estamos en la Mesa para nombrar, hacer visible y recorrer los distintos caminos y alternativas que conduzcan a la superación de la falla de reconocimiento de las organizaciones comunitarias gestoras del agua en la política y normatividad colombianas.

4 de noviembre de 2021

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