Desde la Red Nacional de Acueductos Comunitarios de Colombia llevamos muchos años denunciando el régimen jurídico que regula el suministro de agua potable para consumo humano, por tratarse de una normativa expedida en el contexto de la apertura económica de la década del noventa, que no representa a nuestras comunidades, y por lo tanto no las protege ni les ofrece garantías de participación en la toma de decisiones sobre el agua en el territorio.

En el municipio de Charalá, departamento de Santander, la administración municipal está buscando la manera de privatizar lo que por años ha sido la gestión pública del agua en el territorio. Luego de haber establecido el Plan de Desarrollo, y sin haberlo contemplado en dicho documento, el alcalde intenta hacer la conversión de la Unidad de servicios públicos a una sociedad por acciones simplificadas (SAS), un régimen privado que se sustenta en el código de comercio.

La alianza entre organizaciones ha sido fundamental para la defensa del agua y el territorio. Se han puesto en marcha diversos mecanismos de oposición a las intenciones del alcalde en las que participan la Red Agua para la vida, integrada por 15 municipios y 17 parroquias; el Comité Cívico José Antonio Galán pro defensa de los servicios públicos, creado con el fin de tener interlocución con el alcalde y los funcionarios públicos representados por el Concejo municipal frente a esta problemática; el grupo de veeduría ambiental presente en el territorio desde hace 16 años y, finalmente, Asochicha correspondiente al comité veeduría de los acueductos comunitarios del municipio.

Acciones puntuales como la adhesión al paro nacional del 21 de octubre de 2020, el ejercicio pedagógico con la comunidad, la solicitud a la dirección del Partido Verde, al cual pertenece el actual alcalde, para que se evalúen su proceder y la legitimidad de su gestión y la realización del Gran Foro para proteger la empresa de servicios públicos domiciliarios de Charalá el pasado 12 de diciembre en el que participamos como Red.

Encuentra nuestra ponencia completa en: Y en manos de quien quedará el agua de Charalá

Cabe resaltar que, pese a que estas organizaciones han demostrado la eficiencia financiera de la gestión municipal y se han movilizado para evitar ese accionar, el Consejo aprobó la conversión sin considerar el estado económico y las consecuencias que la tranformación de la naturaleza jurídica de dicha unidad puede traer al municipio, pues una sociedad por acciones favorece la venta de este bien público a actores externos con poder económico.

Estudios en Antioquia, el Magdalena y el Valle del Cauca revelan que con esa política de transformación empresarial las cifras de cobertura y calidad del agua aumentan sólo en términos nominales, no reales, es decir, se refleja un aumento en términos de promesa que en el curso de los años no se logra concretar; se profundiza la brecha de garantía del derecho al agua entre zonas urbanas y zonas rurales; se aumenta la tendencia a la privatización de la prestación de servicios públicos con operadores especializados nacionales e internacionales. También se revela que existe un interés del mercado internacional de agua por comprar los operadores de servicios públicos y generar economías de escala e incorporar la lógica comercial y financiera en las entidades y los actores que se encargan de suministrar el agua.

La población del municipio sabe que los discursos que argumentan la necesidad de la transformación empresarial no son ciertos, puesto que han contado con la suerte de una gestión pública del agua que garantiza que el líquido vital llegue a sus casas a un costo sensato que equivale a los gastos de operación, que cuenta con el acceso a los recursos públicos para la inversión necesaria en términos de infraestructura, calidad y cobertura, que no busca lucrarse y acumular dinero a favor de unos accionistas y a costa de sus bolsillos, que garantiza la participación ciudadana en la toma de decisiones y que propende por el cuidado de las microcuencas y los ecosistemas que abastecen al municipio.

Lo único que ha ganado la comunidad defensora de la gestión comunitaria del agua es el desprestigio que el alcalde está haciendo de ellas por medio de las emisoras comunitarias y del municipio. Asunto que pone en riesgo su integridad gracias a la estigmatización que están sufriendo en un contexto nacional y sistemático de vulneración, amenaza y asesinato a líderes y lideresas sociales.