El pasado 16 de septiembre de 2020, el Relator Especial sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento, Leo Heller, presentó el informe Avances hacia el logro de la efectividad de los derechos humanos al agua y al saneamiento (2010-2020 ante al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. 

A diez años de la declaración del agua como un derecho humano fundamental, el Relator expone los avances en su garantía y los retos aún por enfrentar. 

La Red Nacional de Acueductos Comunitarios de Colombia, como parte de su estrategia de litigio de alto impacto, ha sostenido una comunicación continua con la oficina del Relator, participando de las convocatorias y preguntas dirigidas a la sociedad civil. En nuestros reportes e informes hemos insistido desde nuestra mirada de la gestión comunitaria del agua y de la apuesta por su reconocimiento como una práctica histórica, social y cultural que se da en diversos países y que garantiza el acceso y suministro de agua a millones de personas. 

En ese sentido, celebramos que el Relator Especial en su informe nombre la gestión comunitaria del agua como otro modelo de gestión del agua, solidario y con justicia ambiental, que realizan los acueductos comunitarios de Colombia.

Puntos de las menciones concretas:

29. Otros ejemplos ponen de relieve los casos en que el modelo de gestión para la prestación de servicios se ha elegido teniendo en cuenta el contexto específico del país. En Colombia, los servicios gestionados por la comunidad han surgido como la forma más adecuada de abastecer a las comunidades rurales. La Red Nacional de Acueductos Comunitarios de Colombia informa de que hay más de 12.000 organizaciones comunitarias en el país que prestan servicios de abastecimiento de agua con arreglo a un enfoque basado en principios como la democratización, la descentralización y la justicia social y ambiental.

35. Por cuanto respecta al corte del servicio de suministro de agua, varios Estados han adoptado medidas para prohibirlo explícitamente (…) Otra forma de abordar la cuestión del corte del suministro por incapacidad de pago se encuentra en Colombia, donde los sistemas comunitarios funcionan con arreglo al principio de solidaridad y reciprocidad, lo que significa que las comunidades pueden hacer contribuciones tanto financieras como en especie para la prestación de los servicios. Por ejemplo, en caso de que un usuario no pueda pagar en dinero, no se le corta el servicio, sino que se le pide que aporte una contribución en forma de trabajo, por ejemplo realizando tareas administrativas o de mantenimiento.