La Red Nacional de Acueductos Comunitarios de Colombia decide no participar en el III Congreso Internacional de Acueductos Rurales, que se realizará el Ibagué los próximos 16 y 17 de junio de 2016 en el Centro de Convenciones de la capital tolimense.
Ya se han realizado dos eventos denominados de la misma manera convocados entre la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia y las gobernaciones anfitrionas, Quindío en la primera versión y Antioquia en la segunda. Ahora se convoca en Ibagué con el apoyo de la Gobernación del Tolima. En ellos la presencia de las comunidades organizadas ha sido un adorno, pues entre conferencias magistrales e informes se va el tiempo, sin la posibilidad de contar con una participación efectiva en estos escenarios.
Eventos como este son presentados como escenarios de legitimación de supuestas consultas para políticas, decretos y resoluciones. Para nuestras organizaciones estos escenarios plantean una participación subordinada, no son espacios de discusión democrática y mucho menos de concertación y consulta. Con nuestra presencia nunca legitimaremos la aplicación de una política de privatización del agua y el servicio público que debe ser garantizado de manera universal a toda nuestra población.
Reiteramos en nuestros análisis que estas políticas públicas y la normativa excluyen y desconocen la gestión comunitaria del agua como entramado comunitario que ha garantizado el acceso y suministro de agua a la población campesina, indígena, afrodescendiente y popular de Colombia. Somos invisibilizados a nombre de “la transformación empresarial” del sector de agua y saneamiento, nos hablan de mercados regionales, de grandes empresas, de zonas de servicio exclusivo, y dicen que somos ineficaces, insostenibles y dispersos en el territorio.
Nos nombran para desconocernos y poder entregar el acceso y suministro de agua a los negociantes privados omitiendo nuestros derechos fundamentales de asociación, autonomía, promoción, fortalecimiento, participación y al agua en condiciones dignas y justas. Este desconocimiento se configura como una falla de reconocimiento que se asocia al uso y abuso de los mecanismos de control y vigilancia que causan innumerables impactos negativos a nuestra gestión. Controles que no contemplan acciones de fortalecimiento, por el contrario, solo conciben la posibilidad de sancionar, tomar posesión y liquidar.
Dos hechos recientes concitan nuestra preocupación y acrecientan las amenazas sobre la gestión pública y comunitaria del agua en Colombia.
El acuerdo internacional sobre el comercio de servicios TISA, que Colombia está negociando en compañía de otros 49 países, estrategia del corporativismo y las multinacionales para apropiarse de los servicios que garantizan derechos y que aún son gestionados por el Estado y las comunidades. La privatización de los servicios en diversas partes del mundo ha sido un fracaso; aun así, el mercado continúa en la búsqueda de acuerdos que garanticen la entrega del sector a los privados y la posesión sobre los servicios públicos esenciales existentes y los que puedan prestarse en el futuro.
En segundo lugar, nos preocupa el proyecto de ley que se encuentra actualmente en debate en el Congreso que busca ampliar el objeto social de las empresas de servicios públicos, para que así puedan desarrollar actividades diferentes a su misión de origen. Con el cambio de objeto social las empresas de servicios públicos se podrían dedicar a negocios que consideren más rentables con el riesgo de dejar en segundo plano la prestación de servicios públicos en los casos en que no obtengan la rentabilidad esperada, dejando en riesgo la cobertura para miles de ciudadanos.
El III Congreso habla de agua y saneamiento rural, eje fundamental del postconflicto. Nosotros tenemos la certeza de nuestra importancia en lo que denominamos los post acuerdos, porque sin agua no hay paz. La paz es mucho más que el silenciamiento de los fusiles y la negociación del fin del conflicto entre actores armados. Éste es sin duda un primer paso que saludamos y respaldamos, pero la construcción de una paz integral y duradera requiere de la participación de sujetos políticos que históricamente han defendido la vida en todas sus manifestaciones.
Justamente, las comunidades organizadas que gestionamos el agua somos defensoras del territorio, los bienes comunes y el derecho humano al agua frente a las amenazas de un modelo de desarrollo contrario a las promesas de paz. Mientras se anuncian avances en las negociaciones en La Habana, se ejerce violencia contra la población y la naturaleza para favorecer los intereses del mercado. Se reprime el derecho a la movilización y a la protesta ciudadana, como se demostró con la movilización en la Minga de la Cumbre Agraria.
Seguiremos desde cada asociación, proceso regional y municipal, desde nuestras veredas y barrios defendiendo la gestión comunitaria del agua a partir de nuestro trabajo cotidiano colectivo en la prestación del servicio y cuidado de las fuentes hídricas, como territorios de paz. Continuaremos en la construcción y consolidación de nuestra propuesta de una ley propia para acueductos comunitarios.
Exigimos los derechos a la gestión comunitaria del agua, el reconocimiento, respeto y trato diferenciado.
Sin agua no hay vida y sin ella no se puede hablar de derechos, justicia, paz y democracia.
15 de junio de 2016.
RED NACIONAL DE ACUEDUCTOS COMUNITARIOS DE COLOMBIA