Como comunidades organizadas somos las primeras en cultivar una relación respetuosa con el agua porque reconocemos sus atributos como sustancia de la vida y bien común. Somos mensajeros y mensajeras del agua y exigimos cambios inmediatos y acciones concretas para evitar que se apague la vida de nuestros ríos, quebradas y manantiales, de nuestros humedales y paramos porque sabemos que sin ellos muere toda la vida.
El día 3 de marzo de 2016 en el Salón Boyacá del Congreso de la República, la Red Nacional de Acueductos Comunitarios de Colombia junto a los representantes Víctor Correa, Angela María Robledo, Alirio Uribe y el senador Luis Evelis Andrade se realizó la II Audiencia Pública sobre la Gestión Comunitaria del Agua. En ella denunciamos la sistemática falla de reconocimiento sobre la gestión comunitaria del agua, los impactos negativos de los mecanismos de vigilancia y control y por tanto la vulneración de nuestros derechos. También presentamos la propuesta de una ley propia para los acueductos comunitarios.
La jornada la abrió el ex ministro de ambiente y Presidente del Foro Nacional Ambiental, Manuel Rodríguez Becerra, el cual habló de la crisis del agua en Colombia y el papel esencial que las comunidades organizadas tenemos en la conservación, protección de las fuentes hídricas en el país y destacó su papel en consolidación de la paz afirmando que la Gestión Comunitaria del Agua es garantía de vida con dignidad y en paz.
Luego, la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo denunció la Profunda crisis institucional ambiental y el papel central del agua en varios conflictos territoriales en el país. En medio de estos conflictos la Plataforma reconoce a los acueductos comunitarios como una iniciativa que representa a millones de personas y que ha demostrado que con su tenacidad y creatividad pueden resolver problemas de manera más eficiente que el Estado o la misma empresa privada.
Luego como Red Nacional de Acueductos Comunitarios de Colombia presentamos nuestro aporte a la sociedad colombiana en términos de mitigación al cambio climático y hacedores de paz en nuestros territorios. Edwin Herrera de la Red Región Caribe y Beatriz Isaza de la Asociación Departamental de Acueductos Comunitarios de Antioquia, ADACA, expresaron que el valor de nuestros acueductos no está solo en abastecer a varias comunidades, sino que alrededor de este servicio se organizan prácticas sociales y culturales, en un verdadero intercambio de conocimiento e innovación popular, que ha pasado de generación en generación. Señalaron como una paradoja el hecho de que nos hablan de PAZ al mismo tiempo que amenazan nuestra existencia.
Se nos regula y vigila desconociendo nuestra singularidad, nuestra historia, nuestras características como organizaciones comunitarias sin ánimo de lucro. Afirmaron que desde siempre hemos aportado a la paz y la convivencia en nuestros territorios “(…) y con el agua hemos aprendido a fluir en el conflicto, a resolver los problemas de acceso y suministro de manera pacífica y según acuerdos y reglas construidas en comunidad.”
El compañero Carlos Maca, consejero mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, denunció la manera cómo la acción del hombre ha convertido a la Pachamama en un negocio, mencionó la importancia de los derechos de la madre tierra y cómo su protección permitirá la existencia de las próximas generaciones. Así mismo resaltó el papel de los acueductos comunitarios en la construcción de los territorios y en la garantía del derecho humano al agua.
En la voz de la abogada Bibiana Salazar de la Comisión Consultiva de nuestra Red denunciamos la privatización del servicio de agua en Colombia, evidenciada a través de la falla de reconocimiento político, legislativo y administrativo de la gestión comunitaria del agua, desarrollada por comunidades campesinas, indígenas, afro y barrial a lo largo y ancho de todo el territorio nacional.
Los esquemas de privatización de cualquier servicio público, plantean la prestación de los mismos por parte del sector privado y reservan como únicas funciones a cargo del Estado «el control y la vigilancia», prueba de ello son los múltiples, conflictivos e inapropiados controles a los que se encuentran sometidos los prestadores comunitarios del servicio de agua y alcantarillado. Controles que no contemplan acciones de fortalecimiento, por el contrario, solo conciben la posibilidad de sancionar, tomar posesión y liquidar.
Esta intervención fue el preámbulo de las denuncias presentadas desde las distintas regiones mostrando diferentes situaciones que vulneran la gestión comunitaria del agua:
- Kelly Herrera, de la Red de Acueductos Comunitarios de la Región Caribe denuncia la ausencia de fortalecimiento por parte los municipios y entes gubernamentales de la costa caribe a los sistemas de acueductos comunitarios y el abuso por la prestación del servicio de energía de ELECTRICARIBE con las exageradas tarifas impuestas que impiden la prestación del servicio de agua. Las motobombas son fundamentales para extraer el agua subterránea. No hay autoridad territorial, ni autoridad ambiental que garantice los derechos a la prestación del servicio de manera solidaria y se impide la garantía del acceso y suministro de agua en la cantidad, la frecuencia y la calidad necesaria para garantizar la dignidad de nuestra gente.
- Claudia Cadavid de ADACA denuncia los excesivos controles frente a los acueductos comunitarios por parte de la Gobernación de Antioquia, la ausencia de un debido proceso y de un trato proporcional en las medidas tomadas, que han llegado a la liquidación de las organizaciones comunitarias sin que medie un proceso de información adecuado y pasando por encima de las condiciones de las comunidades y su larga historia de construcción de la organización y los sistemas comunitarios. Es claro el papel de las gobernaciones en la implacable aplicación de las medidas que buscan sacarnos de lo que ellos llaman “el mercado”.
- Libardo López de la Red Territorial de Acueductos Comunitarios de Bogotá y Cundinamarca, RETACO, denuncia las falacias de la crisis del agua y muestra cómo se garantiza el agua para la minería y las empresas extractivas en detrimento del agua para la vida y el suministro a nuestras comunidades. También le recuerda al Distrito Capital la existencia del decreto 552 de 2011 destinado a mejorar las condiciones del servicio de acueducto prestado por la comunidades organizadas y a nombre de las comunidades organizadas exige su cumplimiento.
- María Martínez y Faustino Mendoza, del Comité de impulso de acueductos articulados del Meta y Guaviare denuncian los trámites excesivos, los altos costos de las concesiones de agua, la reducción de caudal permitido de uso por los acueductos comunitarios e incluso la revocación de las concesiones por parte de las corporaciones autónomas regionales.
- Rafael Antonio Freiler, indígena Wayuú Alta y Media Guajira, denuncia la desaparición de las fuentes hídricas vitales para las comunidades indígenas wayúu por actividades extractivas y la sistemática corrupción alrededor de los recursos públicos para la prestación del servicio de agua y saneamiento básico en la región.
- Pedro Castañeda de la Asociación de Acueductos Comunitarios de Tasco, Boyacá, denuncia las afectaciones que causa la minería en la zona de páramos (4.015 metros sobre el nivel del mar) y el impacto desastroso sobre las fuentes hídricas. También denuncia la complicidad de las corporaciones autónomas regionales con estas actividades extractivias al permitirlas con sus el otorgamiento de licencias.
- La compañera Ana Saldarriaga de la Federación de Acueductos Comunitarios Rurales del Valle del Cauca, FECOSER, denuncia la situación ambiental en la cuenca del río Guabas, Municipio de Ginebra, debido los impactos de la minería, los monocultivos y la expansión frontera agrícola y la afectación negativa a la gestión de los acueductos comunitarios que no cuentan con el respaldo de autoridad alguna para garantizar la permanencia de las fuentes y la garantía del servicio.
- Por su parte, el abogado Raúl Fernando Núñez Marín de la Clínica jurídica de la Universidad Javeriana, asesora de FECOSER, denuncia la falta de protección de las entidades públicas sobre la gestión comunitaria del agua. La formalización ha generado conflictos por la tierra y por el agua. Cada vez que una comunidad campesina organizada, no formalizada dado la complejidad y dificultad de atender a todos los requisitos, tiene algún tipo de controversia con terratenientes o dueños de multinacionales sobre las fuentes hídricas, no le sirve el apoyo de la Corporación Autónoma Regional del Cauca, dado que no están formalizadas y estos personajes y compañías sí lo están.
Desde la Red enviamos derechos de petición a diversas instituciones inquiriendo por su papel en la implementación de los mecanismos de vigilancia y control, y por sus estrategias de fortalecimiento a los acueductos comunitarios. En II Audiencia participó la Defensoría del Pueblo, quien asistió a la primera Audiencia y en el pasado ha elaborado informes sobre la gestión comunitaria del agua en Colombia. Así mismo participó la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, la Secretaría de Hábitat de Bogotá, ASOCARS, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y la Comisión de Regulación de Agua Potable –CRA-.
Finalmente, con la vocería de las compañeras Maya Pinzón, Matilde Beltrán, Mirlis Zuñiga y Gonzalo Pérez desde la Red Nacional de Acueductos Comunitarios Colombia presentamos los avances de nuestra propuesta de una ley propia: “Por medio de la cual, se regula la prestación del servicio comunitario de agua y/o saneamiento básico y se dictan otras disposiciones”.
Allí, indicamos su objeto, ámbito de aplicación, derechos, principios, nuestra estructura organizativa como acueductos comunitarios, los mecanismos de vigilancia y control con enfoque diferencial, relaciones con las entidades gubernamentales bajo el principio de coordinación institucional y comunitaria, entre otros. Reiteramos que nuestra fortaleza es la eficiencia social, en donde el trabajo mancomunado de nuestros usuarios que son a la vez asociados, es lo que nos hace fuertes y nos ha hecho que nos mantengamos como acueductos comunitarios durante décadas.
Seguiremos desde cada asociación, proceso regional y municipal, desde nuestras veredas y barrios defendiendo la gestión comunitaria del agua a partir de nuestro trabajo cotidiano colectivo en la prestación del servicio y cuidado de las fuentes hídricas.
Continuaremos en la construcción y consolidación de nuestra propuesta de una ley propia para acueductos comunitarios, así como denunciando la sistemática falla de reconocimiento de nuestro quehacer y las medidas que buscan nuestra desaparición.
Exigimos los derechos a la gestión comunitaria del agua, el reconocimiento, respeto y trato diferenciado.
Sin agua no hay vida y sin ella no se puede hablar de derechos, justicia, paz y democracia.
RED NACIONAL DE ACUEDUCTOS COMUNITARIOS DE COLOMBIA:
Red Territorial de Acueductos Comunitarios de Bogotá y Cundinamarca, RETACO
Federación de Acueductos Comunitarios Rurales del Valle del Cauca, FECOSER
Asociación Departamental de Acueductos Comunitarios de Antioquia, ADACA
Red de Acueductos Comunitarios Región Caribe.
Proceso de Acueductos Comunitarios de Nariño.
Comité de Impulso de Acueductos Articulados del Meta.
Organizaciones sociales y ambientalistas acompañantes:
ENDA América Latina Colombia.
Corporación Ecológica y Cultural Penca Sábila.
Corporación La Ceiba.
Instituto Mayor Campesino, IMCA.
Corporación de Desarrollo Solidario, CDS.
CENSAT Agua Viva.
Asociación para el Desarrollo Campesino, ADC.
Asamblea Regional ECOFONDO Centro Oriente, ARECO.
Corporación ECOFONDO.
