Home » Documentos » Observaciones al proyecto de decreto: esquemas diferenciales en zonas rurales para los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo

Observaciones al proyecto de decreto: esquemas diferenciales en zonas rurales para los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo

cabezote observacionesElaborado por:
Elena Bedoya Santamaría, asesora jurídica Corporación Penca de Sábila.

Versión completa del documento de Observaciones / Proyecto de acuerdo

Algunos apartados del documento:

El proyecto de decreto “Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 18 de la Ley 1753 de 2015” del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio tiene como objeto:

establecer esquemas diferenciales para los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo y para el aprovisionamiento del agua potable y saneamiento básico en zonas rurales del territorio nacional sustentándose en condiciones particulares para el abastecimiento de agua para el consumo humano, manejo de aguas residuales y residuos sólidos domésticos, por ello dentro de su ámbito de aplicación se encuentran las entidades territoriales, personas prestadoras, comunidades, autoridades ambientales, entre otras. Proyecto de decreto.

(…)

No se trata entonces de un esquema diferenciado sino que desarrolla la unificación de la prestación del servicio, desconociendo cómo las comunidades organizadas han garantizado por años la satisfacción de sus necesidades básicas e impone gravámenes a quienes han cumplido con la función pública de prestar el servicio. El decreto no establece una diferenciación desde quien presta el servicio sino que obliga a las comunidades organizadas a cumplir con los requerimientos que se imponen a todas las empresas de prestación de servicio por medio de un sistema de plazos.

(…)

En definitiva el decreto no desarrolla el objetivo general de diferenciación en la prestación del servicio de agua toda vez que no tiene en cuenta las características de dichas áreas rurales, sino que por el contrario desconoce como prestadores de servicio a las comunidades organizadas que se han encargado históricamente de satisfacer las necesidad básica de suministro de agua, cambiando su calidad de “prestadores de servicio  a  “administradores de soluciones alternativas”.

El decreto impone cargas que desde la realidad de los acueductos comunitarios pueden no ser posibles  de cumplir, requisitos que solo determinados sectores pueden asumir y ejercer, específicamente los operadores privados y especializados. Se imponen unas condiciones diferenciales para lograr una prestación igualitaria a través de estándares como criterio cuantitativo, y no el criterio cualitativo desde las realidades de los sectores rurales y los usos del agua. Impone condiciones escalonadas a través de plazos, dando un trato sin diferenciación a las empresas que poseen un ánimo lucrativo y capacidad financiera y las comunidades organizadas. No existe pues un criterio diferenciador sino la imposición de una unificación por medio de plazos que desconoce las realidades del campo y los diferentes usos del agua frente al consumo, el riego, la agricultura, la ganadería y la porcicultura de acuerdo a los usos del suelo rural establecidos  en el artículo  33 de la ley 388 de 1997.

1 comments
RamonEnriqueApraezGomez
RamonEnriqueApraezGomez

ME PARECE MUYBUENAS LAS APRECIACIONES EN DEFENSA DEL MANEJO OBJETIVO Y SUBJETIVO QUE SE PRETENDE DAR A NUESTRAS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, NO DEBEMOS DEJAR QUE LA LEY SE IMPONGA SINO QUE SE CONCERTE CON LAS COMUNIDADES ORGANIZADAS Y SEAMOS LAS VEEDORAS PERMANENTES DE NUESTRA GESTION