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Acueducto comunitario urbano de Tasco: ¿Cómo garantizar el derecho al agua mientras se padece el acoso administrativo de los entes municipales?

 

17 de septiembre de 2021

Pese a la falta de un marco regulatorio que reconozca y atienda las particularidades de los acueductos comunitarios como sujetos políticos y sociales, el derecho humano al agua en el municipio de Tasco, en el departamento de Boyacá, es garantizado por la autogestión comunitaria del agua.

Según el diagnóstico del actual plan de desarrollo del municipio “Juntos podemos ser mejores”, la cobertura del servicio del acueducto es del 94.3% y toda está garantizada por gestores comunitarios del agua, cifra que supera los niveles nacional y departamental (que son del 86.4% y el 85.5% respectivamente) y que revela la inmensa capacidad de la población para organizarse y autogarantizarse derechos. El acueducto urbano, el más antiguo con más de 50 años de historia, ofrece una cobertura del 99,79% del casco urbano y se ha distinguido por su compromiso para cumplir con los estándares de calidad y continuidad del agua, conservar y cuidar sus fuentes abastecedoras, garantizar la economía solidaria, la equidad y el respeto a los acuerdos comunitarios. Desde ASOACCTASCO, Asociación de Acueductos Comunitarios del municipio de Tasco, se viene acompañando y apoyando el proceso de protección y defensa del acueducto urbano desde que comenzaron las presiones.

Actualmente está al día en todas las obligaciones legales exigidas a los prestadores de servicios públicos y de acuerdo a las bases de datos de la Superintendencia de Servicios Públicos no ha sido objeto de ninguna queja durante los últimos 5 años. Lo anterior, pese a que son desproporcionadas las cargas y exigencias administrativas dictadas por la ley 142 de 1994 y a que durante los últimos tiempos no ha recibido ningún respaldo de las administraciones municipales para el cumplimiento de su misión. Al contrario, dichas cargas, han sido utilizadas como mecanismo de presión junto a acciones de sabotaje y desprestigio de la labor comunitaria.

Mediante este comunicado manifestamos nuestra oposición a las prácticas de acoso y desconocimiento de la gestión comunitaria del agua y a los intentos de despojo del patrimonio comunitario a manos del municipio de Tasco. El rol de las administraciones municipales, en lugar de respaldar y fortalecer las acciones de garantía de derechos en el municipio, se ha sumado a las cotidianas exigencias e intentos de privatización que realizan otros entes de control y vigilancia a los acueductos comunitarios en Colombia; prácticas que se intensificaron desde el 2016. Así, especificamos las acciones de las alcaldías:

  1. Durante el periodo 2008-2011 Edwin Manrique, alcalde de Tasco: expidió el Decreto 022 del 22 de julio de 2010, con el fin de transferir el acueducto de manos comunitarias a manos del municipio, desapareciendo la organización. Gracias a las acciones interpuestas por la comunidad, quedó claridad de que este tipo de acciones no eran competencia de la alcaldía y constituían abuso de poder.

  1. Nelson García, alcalde electo durante 2016 a 2018: Fue el primer alcalde revocado de su mandato en Colombia en una acción participativa y popular promovida por ASOACCTASCO, Asociación de Acueductos Comunitarios de Tasco. Presentó solicitudes constantes de información al acueducto, lo que tuvo como resultado una tutela interpuesta por la alcaldía contra el acueducto, fallada a favor de la organización. En este periodo, el Plan Departamental de aguas de Boyacá pretendía hacer una inversión de 700 millones de pesos en el acueducto, condicionada a la entrega de las escrituras del predio en el que se encuentra la fuente de agua del Cáncer, propiedad del acueducto y su principal fuente de abastecimiento; en asamblea extraordinaria la comunidad dejó claro ante el ente territorial y el Plan departamental que bajo ninguna circunstancia entregarían parte de su patrimonio y que, según las necesidades reales del municipio, el alcantarillado debiera ser la prioridad en inversiones y mejoras.

  1. Juan Yesid Cusba Tibaduiza, actual alcalde: Durante su administración, el personero municipal instauró un derecho de petición el 23 de junio de 2021, solicitando información documental que autorice al acueducto como “empresa prestadora del servicio público”. Con el apoyo de la Red de acueductos de Boyacá y la Red Nacional de acueductos comunitarios de Colombia se dio respuesta a este requerimiento demostrando la legitimidad y legalidad del acueducto como organización autorizada de naturaleza distinta a una empresa prestadora de servicios que además da cabal cumplimiento a su objeto social de garantizar el acceso y suministro de agua apta para el consumo humano.

En los últimos años, pese a la emergencia causada por la Covid 19, el acueducto ha visto afectada su infraestructura por acciones y omisiones de la administración municipal. Primero, la Alcaldía decidió de forma inconsulta, y pese a las alertas hechas por el acueducto comunitario, cambiar el diámetro de parte de la tubería del acueducto, causando con ello la pérdida de la presión del líquido y afectando las condiciones de continuidad en el suministro del agua para quienes se encuentran en los barrios altos de la cabecera municipal, la comunidad se pronunció exigiendo que se respetara su derecho a ser parte de las decisiones que se toman sobre su infraestructura, logrando que este proyecto se detuviera.

Luego, durante la ejecución de obras para la mejora de las redes de alcantarillado y gas natural en el casco urbano, la Alcaldía perforó la tubería del acueducto causando nuevamente afectaciones a las familias beneficiadas al obligar el corte del servicio para las reparaciones.

Finalmente, ignoró las denuncias constantes sobre la construcción de una vivienda sin licencia, en las inmediaciones de la infraestructura del acueducto, y pese a ellas otorgó licencia de construcción favoreciendo que con la maquinaria pesada se causaran nuevos daños a las redes de distribución y que los escombros y basuras de la construcción pusieran en riesgo la calidad del agua suministrada.

Simultáneamente, la alcaldía agudizó las presiones sobre el acueducto comunitario para el cumplimiento de las obligaciones normativas, buscando así demostrar su supuesta ineficiencia para garantizar las condiciones de calidad, continuidad y su incapacidad administrativa para cumplirlas. En esta línea, a la organización le han hecho propuestas que desconocen las dinámicas y prioridades de la organización, condicionando la inversión pública al traspaso de las propiedades comunitarias o a la firma de contratos de operación por tiempos cortos y con riesgos para la permanencia y autonomía de la gestión comunitaria del agua.

Adicionalmente, la Alcaldía ha iniciado una campaña de desprestigio en redes sociales y a través de sus facultades acusando al acueducto de suministrar agua no apta para consumo humano soportándose en resultados de un solo mes, sin la debida contramuestra por parte del acueducto comunitario, y que no corresponden a datos individuales del acueducto, sino, a datos agregados del índice de calidad de agua del municipio y al estado de uno de los tanques de almacenamiento, afectado por la construcción de la vivienda antes mencionada y frente a lo cual, ni la personería ni la alcaldía han dado respuestas.

También, hay terceros que no habitan el territorio, interponiendo acciones jurídicas que sustentan sus denuncias en cifras parciales, desactualizadas y hechos descontextualizados que terminan distorsionando la realidad y deslegitimando el legado histórico y sociocultural que somos como acueductos comunitarios. Sin embargo, los resultados de la calidad del agua suministrada por el acueducto son excelentes tal como lo acredita la Secretaría de Salud de Boyacá y los exámenes realizados mensualmente por el laboratorio certificado SERVIQUÍMICOS.

En síntesis, el acueducto ha logrado responder a cada requerimiento demostrando su capacidad organizativa y el elevado nivel de apropiación y compromiso de sus directivas, directivos y de la comunidad que le conforma. Denunciamos esta situación como fiel ejemplo de la falla de reconocimiento de la autogestión comunitaria del agua y del acoso o persecución a la que son sometidas las comunidades organizadas como ésta.

La comunidad organizada en el acueducto urbano de Tasco ha sido censurada y acusada, insistimos en que debe ser reconocida por ser un ejemplo de trabajo solidario, autogestionado y democrático. También, en que es una apuesta por gestionar los territorios y los bienes comunes desde dinámicas y necesidades comunitarias que se centran en el bienestar de los y las asociadas y habitantes de los territorios, así como en la conservación ecológica y que tienen por objetivo principal la organización para hacer efectiva la autogarantía del derecho fundamental al agua. Los trabajos desarrollados atienden a lógicas ancestrales de labor y asociatividad que escapan de la lógica empresarial, que es el caso de los convites y las diversas contribuciones comunitarias.

One Response so far.

  1. Ricardo Adolfo Álvarez Núñez dice:

    En Villavicencio logramos un acuerdo con la Alcaldía y el consejo, para que el 14 de septiembre de cada año se declaró el día de la Gestión Comunitaria del Agua vamos a seguir construyendo comunidad… tejiendo humanidad… ACER AGUA VIVA!!!
    Adelante gestores ni un paso atrás…

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